Por Magdalena Sanchez 
Cuando Laura, una mujer de 35 años, finalmente reunió el valor para denunciar la violencia de su pareja, se encontró con una respuesta inesperada: la indiferencia. En la comisaría, la trataron con frialdad, le dijeron que era «un asunto de pareja» y le aconsejaron que volviera a casa y «resolviera sus problemas». Esta experiencia, lejos de ser un caso aislado, es un reflejo de una verdad dolorosa y sistemática para muchas mujeres; el Estado, la entidad que debería protegerlas, se convierte en un pilar más de la violencia patriarcal. La creencia de un Estado neutral que garantiza los derechos de todos es un mito que se desvanece ante la negligencia, la represión y el abandono que sufren las mujeres. Este ensayo examina cómo el Estado, a través de sus estructuras y acciones, perpetúa la violencia de género, a la vez que explora las resistencias populares y comunitarias que emergen para desafiarlo.
La negligencia: la invisibilidad de la violencia de género
La primera y más insidiosa forma de abuso estatal es la negligencia. El Estado falla en su deber de proteger a las mujeres al no proporcionar los recursos necesarios para combatir la violencia de forma efectiva. Esta falla se manifiesta de muchas maneras: en la escasez crítica de refugios seguros para víctimas, en la falta de personal especializado y con sensibilidad de género en hospitales y comisarías, y en la ausencia de políticas públicas que aborden la violencia desde una perspectiva integral. El feminismo ha demostrado que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino una manifestación de la desigualdad social y un grave problema de derechos humanos. Sin embargo, el Estado a menudo minimiza la violencia doméstica y de género tratándola como una cuestión menor. Esto no solo desprotege a las víctimas, sino que también envía un mensaje de impunidad a los agresores. Como señala la socióloga Lucía Melgar en su análisis de la violencia de género en México, la política pública no puede ser un simple agregado, sino que debe «ser transversal y permear todas las esferas del Estado para que la perspectiva de género se convierta en una política de Estado». Sin esta integración, las mujeres como Laura se enfrentan a un laberinto burocrático, a una revictimización institucional y a un sistema que no las ve, no las escucha y no les cree.
La represión: criminalización y control
Además de la negligencia, el Estado patriarcal se manifiesta a través de la represión activa y directa. Las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas que viven en la pobreza o que se ven forzadas a migrar, son a menudo blanco de un sistema que las criminaliza en lugar de apoyarlas. Como explica Angela Davis en su trabajo, el Estado utiliza las prisiones y el sistema judicial no para garantizar la justicia, sino para mantener el control social y económico sobre las poblaciones empobrecidas. Esta lógica se aplica de manera particular a las mujeres que son castigadas por las mismas condiciones de desigualdad que el Estado perpetúa. Una mujer pobre puede ser criminalizada por defenderse de un agresor, mientras que una mujer migrante puede ser detenida y deportada a pesar de haber huido de la violencia en su país de origen.
De igual forma, cuando las mujeres alzan la voz y se organizan para protestar contra la violencia, el Estado responde con represión policial, criminalización de sus líderes, y descalificación pública. La fuerza utilizada para dispersar las marchas feministas en América Latina no es un simple acto de control del orden público; es un intento desesperado de silenciar a un movimiento que exige cuentas a una estructura de poder que se ha mostrado ineficaz o abiertamente hostil. Los estados utilizan tácticas como el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio para deslegitimar y desmovilizar la protesta, un claro ejemplo de la violencia estatal dirigida a mantener el statu quo.
El abandono: feminicidios y desapariciones como crímenes de Estado
La forma más brutal y visible de la complicidad estatal es la falta de acción ante los feminicidios y las desapariciones. Cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y su caso queda impune — lo que ocurre en un porcentaje abrumador de los casos en muchos países de América Latina — el Estado se vuelve cómplice del crimen. La impunidad envía el mensaje de que la vida de una mujer tiene menos valor y que su muerte no tendrá consecuencias para el agresor, creando un ciclo de violencia sin fin. Esta indiferencia crea lo que la filósofa Judith Butler describe como una «vida precaria,» en la que ciertos cuerpos, en este caso los de las mujeres, se vuelven desechables y no merecen el mismo grado de luto o protección que otros .
Las madres de las desaparecidas que buscan a sus hijas con sus propias manos y los colectivos que documentan los asesinatos que el gobierno ignora, son la prueba viviente de este abandono. Ellas, con su dolor, su valentía y su incansable búsqueda, exponen la cara más cruel de un Estado que les ha fallado por completo. La falta de protocolos de búsqueda efectivos, la indolencia de las fiscalías y la revictimización de las familias son solo algunas de las herramientas que utiliza el sistema para perpetuar la desaparición y la impunidad, convirtiendo al feminicidio y la desaparición forzada en crímenes de Estado.
La resistencia: organización popular y esperanza
Sin embargo, en medio de este panorama desolador, la respuesta de las mujeres ha sido la resistencia. Ante la inacción estatal, los movimientos feministas, populares y comunitarios han florecido, creando redes de apoyo, refugios improvisados y sistemas de acompañamiento emocional y legal. Estas organizaciones actúan como un contrapoder vital, un recordatorio de que la fuerza no reside solo en los gobiernos, sino en la capacidad de las personas para autoorganizarse. El movimiento «Ni Una Menos» en Argentina, y las «madres buscadoras» en México son ejemplos de esta resiliencia.
Estas luchas, como sugiere Angela Davis en sus escritos sobre la importancia de la acción colectiva, son esenciales para desmantelar las estructuras de opresión. La protesta no es el problema, sino la herramienta de las oprimidas para visibilizar y luchar contra un sistema injusto. Es la voz de quienes han sido silenciadas, la luz que ilumina la oscuridad de la negligencia y el abandono. A través de la organización comunitaria, las mujeres no solo exigen justicia, sino que también construyen un nuevo futuro donde la vida de cada una sea valorada y protegida.
Conclusión
El Estado patriarcal no es una metáfora abstracta. Es una estructura tangible que, a través de la negligencia, la represión y el abandono, perpetúa la violencia contra las mujeres. La historia de Laura, la criminalización de la pobreza y la impunidad de los feminicidios son manifestaciones de un sistema que necesita ser desmantelado y reconstruido. La lucha feminista no busca la abolición del Estado, sino su transformación radical para que deje de ser un agresor y se convierta en un verdadero garante de los derechos y la seguridad de todas las personas. El camino es largo y difícil, pero el poder de la resistencia organizada nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, la esperanza reside en las manos de quienes se niegan a rendirse.
Referencias
- Butler, J. (2004). Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. Verso. p. 67.
- Davis, A. (2003). Are Prisons Obsolete? Seven Stories Press. p. 23.
- Melgar, L. (2012). Cultura, política y violencia contra las mujeres en México. El Colegio de México. p. 45.